AEA solicita la revisión de dos millones de sanciones de retirada de puntos

Publicado el 13/10/2009


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Una sentencia del Tribunal Supremo declaraba en junio que la pérdida de puntos es una sanción, con lo que se debe respetar el derecho de los ciudadanos a recurrir e informarles de esta posibilidad, cosa que no se ha hecho hasta ahora por negar que la detracción de puntos fuera una sanción.

AEA solicita la revisión de dos millones de sanciones de retirada de puntos

La asociación Automovilistas Europeos Asociados ha cerrado este 18 de septiembre su particular campaña para que la DGT y sus agencias homólogas dentro de los gobiernos catalán y vasco revisen los dos millones de expedientes con retirada de puntos que han impuesto desde la implantación del nuevo carné en julio de 2006.

El motivo es que el pasado 4 de junio el Tribunal Supremo dio la razón a la asociación en una sentencia en la que afirmaba que los expedientes sancionadores aplicados desde la introducción del carné por puntos no han respetado los derechos de los ciudadanos.

La sentencia daba de plazo hasta el 18 de septiembre para que las autoridades de tráfico antes citadas, así como los aproximadamente 8.100 ayuntamientos que tienen competencias sancionadores, revisaran de oficio todos los expedientes, y precisamente esto es lo que AEA ha estado tramitando en las últimas semanas.

El motivo por el que la sentencia del Supremo abre las puertas a recurrir todas las perdidas parciales de puntos es que el tribunal considera la pérdida de puntos como una sanción, con lo cual los ciudadanos deben tener derecho a ser informados, a formular alegaciones y finalmente a recurrirla.

Este derecho no se habría respetado por parte de la DGT y el resto de autoridades con competencias sancionadoras en materia de Tráfico, puesto que no consideraban la pérdida de puntos como una sanción y sólo dejaban recurrir la multa en sí.

Esperamos ver cómo acaba el tema, pero lo que parece claro es que esta situación desembocará, como mínimo, con el final de un época en la que los ciudadanos no han tenido ni la más mínima posibilidad de hace valer sus derechos.

A pesar de ello, no hay que ser ilusos porque ante la ley, la palabra de un guardia civil o de agente de la policía local seguirá valiendo más que la nuestra si no podemos demostrar, con pruebas, que jamás nos saltamos aquel semáforo o que no estábamos en aquella calle cuando nos impusieron una multa por circular por encima de la acera y no nos pararon para preservar la “seguridad de terceros”. Pero por lo menos, ante la ley, podremos recurrir la pérdida de puntos.

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